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Por si alguien no la ha leído, recomiendo la siguiente columna de Eduardo Engel sobre el  Reporte de Transparencia Internacional que menciona a Piñera por usar o no contenerse de usar –mi inteligencia no me da para entender la difererencia–  información privilegiada, y que contiene además una interesante reflexión de lo que nos espera con la derecha concentrando todo el poder. Ojalá la lean aquellos son rápidos en denunciar a la Concertación, pero queen este caso han  guardado un elocuente silencio.

El candidato y la informacion privilegiada

Eduardo Engel* | 10.04.2009 | La Tercera

A las 15.30 del 24 de julio de 2006 concluyó la reunión del directorio
de Lan donde se aprobaron los estados financieros del primer semestre de
ese año y se acordó los dividendos a repartir. Entre los directores que
asistieron estaba Sebastián Piñera, quien 29 minutos más tarde compró
tres millones de acciones de la empresa. Luego de que los estados
financieros se hicieran públicos al día siguiente, las acciones de Lan
subieron 110 pesos, lo cual se tradujo en una ganancia de 330 millones
de pesos para el afortunado comprador.

Teniendo en cuenta lo anterior, el 6 de julio de 2007 la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aplicó al empresario una
sanción de UF 19.470 por “infracción al deber de abstención” al haber
comprado acciones de Lan “contando con información privilegiada”. Piñera
decidió no apelar y pagó la multa.

Lo más probable es que quienes vendieron sus acciones a Piñera se
habrían abstenido de hacerlo si hubiesen conocido la información que
tenía el directorio en ese momento. Porque cada vez que alguien con
acceso a información privilegiada hace una ganancia, hay una contraparte
que hace una pérdida de igual magnitud. La situación es más grave,
porque los accionistas minoritarios e inversionistas extranjeros son
renuentes a invertir en mercados accionarios poco transparentes,
lo cual termina encareciendo el financiamiento de las empresas,
reduciendo su inversión y la creación de mejores empleos.

En su defensa, Piñera argumentó que es discutible que los estados
financieros contengan información privilegiada. Este argumento me parece
impresentable. Los estados financieros contienen información que puede
ser mejor, igual o peor que lo esperado por el mercado. Si es mejor, la
acción subirá, si es peor, caerá. Aun si es igual, saber con certeza que
no hay novedades constituye una ventaja respecto de quienes estiman que
es así, pero no están seguros al respecto.

Un segundo argumento que utilizó Piñera fue que la controvertida compra
de acciones fue sugerida por el modelo con que maneja sus inversiones en
Lan, modelo que no utilizó la información revelada en los estados
financieros. Este argumento es prácticamente imposible de refutar,
porque dado un patrón de compraventa observado, no es difícil construir
un modelo consistente con dicho patrón.

Es así como la distinción entre “utilizar información privilegiada” y
“comprar poseyendo información privilegiada” es de poca relevancia en la
práctica. Motivo por el cual las legislaciones de varios países
desarrollados prohíben que los directores de empresas realicen
transacciones antes de hacerse públicos los estados financieros. Porque
existe una variada gama de opciones para presentar una transacción que
utilizó información privilegiada como una que no consideró dicha
información y detectar martingalas de este tipo es prácticamente imposible.

¿En qué pensaba Piñera cuando decidió comprar acciones de Lan antes de
que se conocieran los resultados financieros de la empresa? Ya había
sido candidato presidencial y evidentemente pensaba postular de nuevo.
Lo sucedido sugiere, en el mejor de los casos, una falta de criterio
grave. Dos destacados partidarios le sugirieron, en columna publicada
en este diario en mayo, que venda Chilevisión y se deshaga ya de sus
acciones en Lan para evitar conflictos de interés evidentes. ¿Por qué no
sigue estos sabios consejos?

Conviene analizar lo que dice el Informe de Transparency International
(TI) publicado hace poco más de una semana sobre la compra de acciones
de Piñera a la luz de lo expuesto anteriormente. Los puntos de fondo me
parecen válidos. Se establecen los hechos, se menciona los principales
argumentos de la SVS y la defensa del empresario. En lo formal
hay afirmaciones innecesarias, por ejemplo, cuando se afirma que se
trata de uno de los hombres más ricos de Chile. Sin embargo, si se
eliminan estas afirmaciones el informe sigue siendo una fuente
potencialmente atractiva para quienes quieren ilustrar el pobre
manejo del candidato de la Alianza de los conflictos de interés que
nacen de su actividad empresarial.

Este episodio también ha puesto de manifiesto el gran desafío que
significa definir el modus operandi de una organización no gubernamental
como Chile Transparente. Mucho se ha comentado que el directorio no
conoció el informe antes de su publicación. Sin embargo, la solución no
pasa porque el directorio apruebe dichos informes. Una institución de
este tipo no puede cumplir su misión sin incomodar, una y otra vez, a
quienes detentan el poder en nuestra sociedad. Si en el futuro los
informes de Chile Transparente que sirven de insumo para los informes
anuales de TI van a ser aprobados por el directorio, seguramente
se termine optando por no ofender ni al gobierno ni a la oposición y
esta organización habrá perdido su razón de ser.

La reacción de los partidarios de Piñera a propósito de este episodio me
parece destemplada. Han utilizado todo el poder de que disponen para
atacar y desprestigiar a quienes ven como parte de un complot para
evitar que su candidato gane la elección presidencial. Han
argumentado la existencia de conflictos de interés de todo tipo luego de
negarse a reconocer que existen conflictos de interés evidentes entre
quienes han liderado el diseño programático del candidato de la
centroderecha. Si se comportan de esta forma mientras son oposición, no
quiero ni imaginar el enorme costo personal y profesional que pagará
todo aquel que se atreva a cruzarse en su camino en caso de que lleguen
a ser gobierno.

*Eduardo Engel es profesor de economia de Yale y asesor externo y
consejero de Chile Transparente.